Defensoras públicas de Artigas se reunieron con el diputado Nicolás Lorenzo para trasladar las demandas que la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU) viene impulsando a nivel nacional. Entre los principales reclamos se encuentran la creación de 147 nuevos cargos, una partida de vivienda y el avance en el proyecto de descentralización de la Defensoría Pública.
La doctora Jennifer Tavarez, integrante del equipo local, explicó que la situación actual es crítica:
“A nivel nacional hay una saturación del servicio, pero en Artigas el panorama es aún más delicado. Somos solo cinco defensoras para toda la ciudad. Dos trabajamos en materia de familia, otras dos en el área penal y una colega más debe atender cinco ramas distintas: víctimas, aduanero, laboral, administrativo, entre otras. La sobrecarga es excesiva”.
Según detalló Tavarez, cada defensora de familia llega a atender cerca de 2.000 personas al año, además de enfrentar audiencias prolongadas y complejas, como las vinculadas a violencia de género o situaciones de menores en estado de vulnerabilidad.
“Muchos escritos, recursos y tareas fundamentales terminamos haciéndolos en nuestros hogares, porque el tiempo no alcanza. El nivel de saturación es tal que ya no podemos continuar de esta forma”, advirtió.
La realidad se repite en el área penal. La doctora Katia Paz señaló que en Artigas la población carcelaria está compuesta en un 75% u 80% por personas defendidas por la Defensoría Pública.
“Somos solo dos defensoras que nos dividimos en turnos quincenales. Cuando no estamos de turno igual debemos atender a fiscales, a detenidos y hacer visitas a la cárcel. También debemos cubrir a los presos que llegan desde Bella Unión, porque allí no hay establecimiento penitenciario. La carga de trabajo es enorme”, expresó.
Además de la sobrecarga, las carencias materiales y presupuestales agravan la situación.
“No tenemos presupuesto para pericias ni infraestructura. Dependemos de un solo perito en todo Artigas, que debe atender tanto causas penales como de familia. Siempre quedamos rezagados en la atención”, lamentó Paz.
Las defensoras remarcaron que la falta de cobertura obliga incluso a sacrificar días de licencia para preparar juicios, ya que no cuentan con suplentes.
“No tenemos apoyos ni sustitutos. Cuando un juicio importante exige preparación, la única salida es usar nuestros días libres para trabajar”, señalaron.
Finalmente, ambas profesionales destacaron la apertura al diálogo por parte del diputado Lorenzo y adelantaron que el próximo lunes mantendrán una reunión con la diputada Britos para continuar con las gestiones.
“Todos los ciudadanos tienen derecho a una defensa adecuada. Sin recursos humanos ni materiales suficientes, ese derecho se ve comprometido”, concluyeron las defensoras.
